Clientelismo parlamentario
Alejandro Tudela Chopitea
Siempre escuchamos que uno de los deberes –función de los padres de la patria– es el de representación que, en pocas palabras, según el reglamento del Congreso, sería mantenerse en comunicación con la ciudadanía, atender sus denuncias e informar públicamente sobre la actuación cumplida. Nada de esto, permite lo que el presidente del Poder Legislativo viene haciendo contra viento y marea con el llamado “Programa de Gestores para el Desarrollo”.

Según el titular del Congreso, este programa contaría con el acuerdo de la Mesa Directiva –léase, de los demás vicepresidentes–, pero lo cierto es que –por lo menos–, uno de los susodichos ha negado y cuestionado la iniciativa de marras. Aún en el supuesto que existiese tal acuerdo el programa mencionado no tendría pie y menos cabeza.

El presidente del Parlamento sostiene que tal programa es “parte de su deber de representar a esa población quechuahablante absolutamente excluida y abandonada”, y para ello se ha creado un equipo de profesionales, técnicos y voluntarios que se constituirían en gestores de los proyectos e intereses de los pobladores ante las instancias gubernamentales. La iniciativa podría ser bien intencionada, salvo por el hecho que confunde la representación del parlamentario con una propuesta oficialista clientelista y cuestionable, que generaría un gasto público ilegal y que sirve para contratar a dudosos personajes políticos y otros cercanos al gobierno –incluyendo ex padres de la patria desempleados–.

Hace apenas unos días, el coordinador de este esperpento programático –militante del partido gobiernista para más señas–, tuvo que ser despedido al resultar pescado infraganti inmiscuyéndose y soliviantando un conflicto minero. Por si fuese poco, una de las caras más visibles de estos “gestores” es una ex dirigente cocalera y ex congresista quien tendría mucho que explicar sobre sus vínculos con el narcoterrorismo y que, independientemente de ello, nadie sabe qué méritos o cualidades puede tener para este “jugoso” cargo que reparte entre US$ 1,500 y US$ 3,000 por remuneración mensual. No sabemos si este dislate se le ocurrió al Presidente del Congreso o alguien se lo vendió, pero lo cierto es que el mentado “Programa” resultaría ilegal, y el titular del Parlamento se estaría jugando una probable censura y hasta una denuncia constitucional, además de comprometer al régimen de turno. ¡Amén!